El 2 de agosto de 2002, el Congreso de la Nación Argentina dictó la ley 25.633, creando el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia con el fin de conmemorar a las víctimas, pero sin darle categoría de día no laborable,es decir, sin ser un «feriado».
Tres años después se impulsó desde el Poder Ejecutivo Nacional que la fecha se convirtiera en un día no laborable, feriado e inamovible. Algunas personas del ámbito político como Rodolfo Terragno y de los derechos humanos, como el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y organismos defensores de los derechos humanos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron al proyecto y recalcaron la connotación festiva del carácter de feriado.
La entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el feriado era positivo porque «no hay posibilidad de que ningún docente pueda ignorar el hecho». Finalmente, con el apoyo de otras organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo, la declaración del feriado nacional se convirtió en ley con 34 votos en favor, 17 en contra y 4 abstenciones de peronistas disidentes.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Nacional_de_la_Memoria_por_la_Verdad_y_la_Justicia
Proceso de Reorganización Nacional
Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón (peronista), hasta el 10 de diciembre de 1983, día de asunción del gobierno elegido mediante sufragio de Raúl Alfonsín (UCR).
Una junta militar, encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas, ocupó el poder, una etapa que suele ser denominada simplemente como «el Proceso». Es considerada «la dictadura más sangrienta de la historia argentina».
El Proceso se caracterizó por el terrorismo de Estado, la constante violación de los derechos humanos, la desaparición y muerte de miles de personas, la apropiación sistemática de recién nacidos y otros crímenes de lesa humanidad. Un largo derrotero judicial y político ha permitido condenar a parte de los responsables en juicios que aún continúan su curso.
Los golpistas ayudaron el poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista-guevarista).
El argumento explícito de los militares era que perseguían el propósito de terminar con el "desgobierno", la "corrupción" y el "flagelo subversivo":
La violencia política, que se venía incrementando significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional. En ese sentido se pronuncia el profesor García cuando considera que la decisión de Montoneros de convertirse en un auténtico ejército regular clandestino en 1975 y su búsqueda de la confrontación directa con las Fuerzas Armadas a mediados de ese mismo año -con algunos éxitos iniciales- convenció a los militares de que necesitaban controlar el Estado y exterminar físicamente a los guerrilleros para vencerles. Marcelo de los Reyes dice que "Los militares se dedicaron a los aspectos políticos del gobierno y la eliminación de la subversión, mientras que la economía quedó en manos de Alfredo Martínez de Hoz (1976-1981), a la sazón ministro de Economía, vinculado a los sectores agropecuarios. Martínez de Hoz implementó una fuerte política liberal y desde 1979 una política cambiaria que fijaba el valor del dólar a futuro conocida con el nombre de 'tablita'.
Una detallada explicación posible de las consecuencias económicas del golpe de Estado se encuentran en la nota "Una pesada herencia" de Ernesto Hadida, editor de Invertia Argentina.
El desencadenamiento del golpe de estado y las acciones posteriores del gobierno provocaron en la sociedad reacciones dispares que incluso en algunos casos fueron variando con el correr del tiempo.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la «guerra sucia», coordinada con otras dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
El gobierno de facto secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, que luego serían denominadas «los desaparecidos» —unas sospechosas de ser guerrilleros y otras simples activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas— en centros clandestinos de detención establecidos al efecto. Gran cantidad de ellos fueron asesinados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_Reorganizaci%C3%B3n_Nacional
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